Gobierno 2030

Natalia Zamudio Calabrese

Natalia Zamudio Calabrese

Actualmente estudiando la licenciatura en Administración Pública. Especialista en control de la gestión ambiental y en Compras y Contrataciones Públicas. Experiencia laboral en el ámbito privado y en el público.
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Durante las décadas del ’70 y ’80 gran parte de las democracias del mundo empezaron a atravesar profundas crisis de representación a causa de las denuncias de corrupción, la falta de transparencia, de credibilidad y la situación  económica, que en muchas ocasiones se profundizaban por una mala administración de los recursos públicos.

La gestión pública requiere  de un cambio a su interior en las pautas culturales, organizacionales y normativas y en su relación con el ciudadano. La agilidad, la innovación y la capacidad de adaptación a cambios constantes en el entorno, se convirtieron  en nuevos valores públicos.

Tal como se destaca en el preámbulo de la Carta Iberoamérica de Gobierno Abierto, en el marco de la 70º Asamblea General de las Naciones Unidas, llevada a cabo en la ciudad de Nueva York en septiembre de 2015, los 193 Estados miembros  adoptaron la agenda 2030 para el desarrollo sostenible con 17 objetivos. Uno de los principales desafíos  de esta agenda, marcado en su objetivo 16, consiste en configurar un nuevo marco de gobernanza pública y una renovada arquitectura estatal que garantice la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles. Es indispensable contar con una gestión pública eficaz, responsable, receptiva, incluyente y participativa.

El gobierno abierto es el paradigma que está revolucionando la gestión pública  en el mundo, transformándola en su concepción y prácticas. Su alcance es muy amplio, pues implica a una multitud de actores. La ciudadanía cobra un papel de agente activo en la elaboración, implementación y evaluación de políticas públicas.

Es importante  poner en marcha en las administraciones  públicas nuevos marcos institucionales para la coordinación eficaz, la cooperación y la rendición de cuentas entre los gobiernos y los actores de la sociedad  civil que puedan contribuir a la creación de valor público.

Esperemos que los gobiernos y los ciudadanos estemos a la altura de la agenda 2030. Que logremos el compromiso y el empoderamiento ciudadano y que aseguremos la accesibilidad para todos los grupos de la sociedad.

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