Natalia Zamudio Calabrese
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Durante la década de 1970, los países desarrollados realizaron reformas en el estilo de gestión, en respuesta a la crisis fiscal del momento y para contrarrestar los aspectos negativos que el Estado de Bienestar había generado. Esas reformas, se enmarcaron en la corriente llamada “Nueva Gestión Pública” que basadas en el modelo de la gerencia del sector privado apuntaron a modificar el modelo burocrático tradicional del Estado (Garcia Lopez BID, 2010).
Por su parte, en la década de 1980, América Latina y el Caribe (ALC) emprendió un proceso de reforma del Estado en el marco del agotamiento del modelo de sustitución de importaciones, que fomentó desde la intervención estatal el desarrollo de la capacidad industrial de los países mediante. Asimismo, la crisis de la deuda externa que impactó gravemente la economía de la región fue otro aspecto macroeconómico que promovió la revisión del accionar de la gestión pública (Garcia Lopez BID, 2010).
El modelo tradicional se basaba en una serie de principios, entre ellos, la impersonalidad de las relaciones de trabajo, la estandarización de los procedimientos y rutinas laborales y el establecimiento de jerarquías de la autoridad. Con el tiempo, ese modelo se consolidó en estructuras institucionales rígidas y orientadas hacia los procesos, que muchas veces no se alineaban las demandas del nuevo contexto social y económico. Como respuesta a esta imagen del gobierno frecuentemente asociada a un Estado lento, que derrocha recursos y alejado de las necesidades sociales se desarrollaron diversos enfoques de gestión pública.
La “Nueva Gestión Pública” trajo consigo el foco en la efectividad, la eficiencia y la calidad de los bienes y servicios producidos desde el sector público, así como un foco en la innovación como parte de la prestación de servicios. Entre los instrumentos y enfoques generados por la Nueva Gestión Pública en la perspectiva de fortalecer las capacidades del Estado para promover el desarrollo, se encuentra la “Gestión para resultados” que se puede definir como la “Estrategia de Gestión que se centra en el desempeño y el logro de productos, efectos e impacto” (OCDE 2002).
La Gestión por Resultados postula que los esfuerzos del Estado deben estar dirigidos a maximizar la creación de valor público y los resultados para el ciudadano. También propone que esos cambios sociales o resultados esperados que se quieren alcanzar deben planificarse de antemano y plasmarse en metas, actividades, indicadores y recursos necesarios a lo largo del tiempo que dura el proyecto o plan. Asimismo, enfatiza la importancia de asignar responsabilidades, presupuestos y plazos vinculados al logro de las metas definidas.
El objetivo principal de este enfoque de Gestión es dotar a las organizaciones públicas de dirección y herramientas que permitan incrementar la eficacia, eficiencia, impacto y calidad de las políticas públicas. Para ello, la Gestión por Resultados pone el énfasis en:
• Planificar de antemano los resultados que se quieren lograr para el ciudadano y en función de ello definir los productos y recursos que serán necesarios;
• Comprometer a los funcionarios por las metas y resultados definidos;
• Establecer indicadores para dar seguimiento al desempeño de las instituciones, la calidad de los servicios brindados al ciudadano y la efectividad del gasto público;
• Evaluar los efectos que tuvieron las intervenciones públicas y si efectivamente se lograron los resultados previstos;
• Detectar debilidades y fortalezas en los procesos y la Gestión para retroalimentar la toma de decisiones y el diseño y ejecución de las acciones de gobierno;
• Fortalecer la transparencia y rendición de cuentas respecto del uso de los recursos públicos y los resultados alcanzados.
Así, la Gestión por Resultados permite tener un sistema de información que constantemente dé cuenta de su avance hacia las metas de gobierno, y su seguimiento desde la gestión. Además, genera las bases para abrir la información a la sociedad. En este sentido, se apunta no solo a mejorar la eficiencia y la eficacia de un gobierno y sus acciones, sino también su capacidad de rendir cuentas a la ciudadanía.