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Hoy en día, tener acceso a la información pública se ha convertido en un elemento fundamental y necesario para construir ciudadanía. Hemos visto cómo la participación de la sociedad en temas políticos al rededor del mundo se ha sustentado con la información a la que han tenido acceso.
La historia nos muestra cómo los pueblos han luchado por alcanzar y defender sus derechos, mismos que se ven pisoteados por los regímenes autoritarios que huyen de la democracia, la transparencia y la rendición de cuentas.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos se convirtió en el primer tribunal internacional en reconocer que el derecho de acceso a la información pública es un derecho humano fundamental. Este derecho se encuentra protegido por el artículo 13 de la Convención Americana:
“Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”
Se trata de un derecho particularmente importante para la consolidación, el funcionamiento y la preservación de los sistemas democráticos, por esta razón, la Asamblea General de la OEA reconoció que este derecho es un requisito indispensable para el funcionamiento mismo de la democracia.
El acceso a la información pública tiene una serie de principios rectores que garantizan el ejercicio pleno y efectivo de este derecho. Estos principios deben ser medulares en la formulación de las políticas públicas de los diferentes Estados.
- Principio de máxima divulgación
- Principio de buena fe
- Principios promoción del gobierno abierto
- Principio de limitación de excepciones
- Principio de protección a los denunciantes
- Principio de supremacía de la transparencia
Para garantizar el fiel cumplimiento de este derecho, la OEA estableció que los Estados miembros tienen la obligación de respetarlo, y hacer todas las gestiones necesarias para asegurar su reconocimiento y aplicación efectiva dentro de sus legislaciones nacionales.
Poco a poco los países latinoamericanos se han ido sumando a la orquesta mundial, y han ido abriendo los espacios de transparencia y rendición de cuentas a los ciudadanos, respetando el derecho de acceso a la información pública. Respetar y hacer valer este derecho trae consigo innumerables beneficios, ya que se convierte en una herramienta crítica para el control del funcionamiento del Estado y la administración pública, además provee elementos necesarios para combatir la corrupción.
En América Latina, la mayoría de los países tienen leyes específicas que regulan la manera en la que el Estado debe responder a las solicitudes de información.
Según el Latinobarómetro (2015), la percepción de la población sobre la transparencia y acceso a la información del Estado es la siguiente:
Uruguay 61%
Ecuador 59%
República Dominicana 56%
Bolivia 47%
Chile 44%
Nicaragua 43%
Costa Rica 27%
El Salvador 27%
México 26%
Colombia 24 %
Perú 24%
Guatemala 24%
Brasil 16%
Para Transparencia Internacional, Venezuela se encuentra en una crisis humanitaria total, por lo que el acceso a la información es limitado, lo que propicia el aumento de la percepción de corrupción, por lo que Venezuela se posiciona en el puesto 169 del índice de transparencia 2017.
Un análisis a priori podría indicarnos que, a menor acceso a la información pública, mayor será la percepción de la corrupción del Estado. Por esta razón, para comenzar a limpiar la región de la corrupción, un primer paso debe ser la transparencia y el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y la disponibilidad irrestricta de esta.