Transparencia gubernamental

Claudia Hernández

Claudia Hernández

Descripción: Licenciada en Derecho, cuenta con un Diplomado en Elecciones, Representación Política y Gobernanza Electoral, Reglas, Actores e Innovación Democrática. Actualmente es asistente de investigación en temas relacionados con: Elecciones, Democracia, Participación Ciudadana, Partidos Políticos y Proceso Legislativo.
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Por: Claudia Hernández

Hemos de tener en cuenta, que un Estado democrático tiene la obligación de actuar con transparencia frente a los ciudadanos. La publicidad de documentos administrativos y otros materiales es una de las formas de asegurar la plena transparencia y el combate a la corrupción.

La disponibilidad de documentos en posesión del Estado por parte de todo ciudadano es un elemento fundamental para que éste pueda protegerse y defenderse en contra del Estado mismo. El principio del secreto que defendía el Estado prevaleció durante mucho tiempo por encima del principio de transparencia porque era más conveniente para quienes disponían del poder público, por ello el secreto administrativo era un confortable y útil recurso de gobierno.

Claro está, que los comportamientos que transgreden la ley y los principios éticos que conducen al servidor público afectan la confianza en la administración pública al deteriorar el prestigio en diversos ámbitos como el personal y profesional de los funcionarios. La corrupción pública por tanto dificulta el funcionamiento del sistema democrático, pues no solo consta de una desviación del poder respecto al interés común sino también implica le reducción de niveles de legitimidad, poniendo en riesgo la gobernabilidad y viabilidad democrática de los países.

Por ello la democracia representativa y el desarrollo exigen, dada su naturaleza, la existencia de actores comprometidos en la lucha contra toda forma social de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas.

Para hacer frente con veracidad a la corrupción se necesita un gobierno abierto, si bien es cierto quizás un planteamiento no común y alejado de otros temas, sin embargo, su alcance masivo cobra sentido, cuando el planteamiento va enfocado hacia la ciudadanía en general, es decir, cobra importancia la forma y fondo en como el gobierno difunde datos de los programas y logros de su gestión, además de la rendición de cuentas que realiza en sus acciones gubernamentales.

Por lo anterior y considerando que los Estados Constitucionales se caracterizan por los órganos de garantía para los derechos fundamentales, uno de esos derechos es el acceso a información para lograr una plena transparencia en los tres poderes de la Unión, bajo los rigores del derecho. Las sociedades en la actualidad siguen enfrentando en la corrupción un grave obstáculo para avanzar en la consolidación de los sistemas democráticos, y de la gobernabilidad que permitan el desarrollo sostenible de los Estados.

Como consecuencia, se afectan las condiciones políticas, sociales y económicas que permitirían la implementación de políticas públicas que resuelvan con eficacia las principales necesidades sociales, como la disminución de la pobreza y la desigualdad, así como asegurar la realización del bien común. En ese orden de ideas, lo que se busca con el derecho a la información es fortalecer el factor detonador de la transparencia para consolidar una democracia propia de un Estado de Derecho como el nuestro.

Si bien existen ya plataformas de consultas, generadas a través de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por medio de las diferentes unidades existentes, se hace necesario que la información esté de modo legible, comprensible, estructurado y reutilizable, es decir crear una forma más sencilla de brindar la información de manera que sea entendible por todos los ciudadanos, abriendo espacios para lograr que estas plataformas permitan la interacción de la administración pública con los ciudadanos de a pie.

Fuente de consulta

Vid, Bruno Lassere, Noelle Lemoir y Bernard Stirn, La transparencia administrativa, París, Presses Universitaires de France, 1987, p. 89.

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (publicada el 4 de mayo de 2015, última consulta el 11 de abril de 2019). Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP.pdf

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Gubernamental, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (última reforma 27 de enero de 2017, última consulta el 11 de abril de 2019). Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTAIP_270117.pdf

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