Una gran crisis política enfrenta Perú, actualmente se ha tildado que el mandatario forma parte de una organización criminal, a lo que él ha reiterado que todo forma parte de un golpe de Estado en su contra.
Este nuevo capítulo a la crisis política que enfrenta el presidente de Perú, Pedro Castillo, vuelve a generar caos en las bases democráticas. Fue demandado constitucionalmente por la fiscalía, donde se alega que presuntamente es parte de una organización criminal, como un escándalo más que se suma a las investigaciones hacia el ejecutivo nacional.
Como parte de su discurso político, el mandatario nacional ha declarado que tales acusaciones se deben a una relación entre la fiscalía y sus opositores, con el fin de desestabilizar su gobierno y acabar con su mandato.
Para Castillo, todo forma parte de un golpe de estado planificado por sus seguidores, y se ha usado al ministerio público en su contra, para manchar su imagen, haciéndole ver como una persona perteneciente a una red criminal.
La fiscalía general de la República, por parte de Patricia Benavides, presentó la acusación de forma constitucional contra el presidente, ante el congreso de Perú. En medio de esta acusación se añade delitos de organización criminal, tráfico de influencia y colusión. Con esta, el gobierno de Pedro Castillo ya enfrenta 6 investigaciones.
La corrupción socava los derechos democráticos de los ciudadanos, es por ello que tales investigaciones buscan hacer freno para actuar con justicia.
Benavides, la fiscal que lleva el caso, ha denunciado que tal acusación estaría liderada por el presidente Castillo, pero también se integran otros exfuncionarios del gobierno, como el exgerente de Petro Perú, Hugo Chávez.
Las medidas de la fiscalía
En las investigaciones realizadas por la fiscalía general de la República, se llevó a cabo un allanamiento en la casa de la hermana del presidente Pedro Castillo, en busca de un sobrino del mandatario, que según las investigaciones, este forma parte de las 12 personas involucradas con la organización criminal.
El Ministerio Público ha hecho uso de sus redes sociales para señalar que el propósito del allanamiento solo busca recabar la información necesaria, y en todo momento se ha garantizado el derecho a la integridad física.