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Por: Rafael Jerez Moreno
Miembro de la Red Centroamericana y del Caribe del Servicio Público, abogado in fieri de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), investigador Asociado de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), capítulo hondureño de Transparencia Internacional, columnista de opinión de Diario La Tribuna.
Después de unas controvertidas – política y socialmente – elecciones generales celebradas en Honduras el 26 de noviembre de 2017, los serios cuestionamientos a la integridad electoral, el sistema de partidos, le debilidad institucional y la desconfianza ciudadana dieron pie al reclamo, unísono, de una nueva reforma electoral. Así la llamamos algunos optimistas.
Tras casi década y media de la última gran reforma electoral, que logró canalizar la voluntad política de los partidos políticos para la entrada en vigencia de Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, la crisis política-social prolongada por casi 10 años – desde el golpe de Estado y una serie de profundas violaciones a la Constitución de la República – y la presión de organismos internacionales junto con el preponderante protagonismo del gobierno de los Estados Unidos, orilló a la clase política a abrir nuevamente la ventana para la aprobación de reformas electorales.
Con la finalidad de apaciguar los ánimos que despertó el conflicto poselectoral, la oficina del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Honduras ofreció sus buenos oficios para auspiciar un Diálogo Político que reuniera a los principales actores de los partidos políticos para lograr acuerdos que se materializarán legalmente por la vía legislativa. Después de un esfuerzo de casi un año – y con la ausencia del Partido Libertad y Refundación, la principal organización política de oposición –, se llegó a diversos consensos en materia de protección de derechos humanos, institucionalidad democrática, Estado de derecho y reformas al sistema político y electoral. En la otra cara de la moneda, al Organización de los Estados Americanos (OEA), tratando de reivindicarse tras solicitar nuevas elecciones después de las denuncias de fraude electoral 2017, y el posterior reconocimiento de Juan Orlando Hernández como mandatario reelecto, presentó a través de un grupo de expertos en materia electoral una serie de recomendaciones que vinieron a recapitular lo señalado anteriormente por diversas organizaciones de sociedad civil hondureñas.
En contraposición al ¨activismo¨ proveniente del exterior, el apaciguamiento penetró la voz y el comportamiento del ciudadano, el cual fue silenciado por la imponente represión de las fuerzas de seguridad y el cierre de los canales de participación ciudadana instaurados por el statu quo, siendo la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), el capítulo de Transparencia Internacional en Honduras, la única organización que se posicionó como un contrapeso técnico a los intereses exclusivos de los partidos políticos.
El 24 de enero de 2019, con el voto favorable de 112 diputados, pertenecientes a las tres principales fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional, se aprobaron reformas constitucionales en materia electoral, procediendo a crear un Consejo Nacional Electoral encargado de administrar los procesos electorales y un Tribunal de Justicia Electoral, competente de dirimir judicialmente los conflictos en la misma materia. Quizás, ese no fue el gran logro para la ciudadanía, pues la gran reforma para los partidos – en especial para el Partido LIBRE – fue la obtención de un representante en cada uno de los órganos, y el control partidario de la institucionalidad pública. A la mesa se suma un actor, ahora sí, con voz y voto. Ganan ellos, pero no la ciudadanía.
Posteriormente, desde febrero, se iniciaron los cabildeos políticos para comenzar a elaborar una nueva legislación electoral. Hasta el momento, el reto no ha sido desarrollar el texto de la ley, sino conciliar los intereses de cada partido político. En un escenario donde reina la desconfianza, el afán por mantener una cuota de poder predomina en las mesas de negociación. Y es que, a pesar de los numerosos conflictos que ha vivido Honduras en las últimas décadas, queda claro que el debate que se genera al interior del palacio legislativo es diferente al clamor que resuena en las calles del país.
Una clase política amenazada por continuas acusaciones de actos de corrupción – con crecientes denuncias de involucramiento en actividades de naroctráfico desde las más altas esferas de la administración pública –, sumado a las fuertes denuncias proferidas por líderes políticos de la región y la acostumbrada posición de Honduras en los índices internacionales de corrupción, pobreza e inseguridad, colocan a los políticos en una encrucijada entre lo que demanda el momento histórico y la ciudadanía, las exigencias de su partido político y el deseo de protegerse de las debilitadas garras de la justicia.
Desde la posición privilegiada en la que he estado a lo largo del proceso de reforma electoral, he podido comprobar la falta de conciencia de algunos políticos sobre los temas que realmente merecen atención, como el desarrollo de mecanismos para promover y garantizar la equidad de género, la participación política de los pueblos indígenas y afrodescendientes, el financiamiento político, la justicia electoral, entre otros. La reforma será un paso hacia adelante o hacia atrás, dependiendo de los ojos desde los que se vea. Indudablemente habrá un ganador al final del camino, que difícilmente será el ciudadano, que finalmente tiene diputados, pero no representantes.