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La carta de las Naciones Unidas estipula la base jurídica para la imposición de medidas restrictivas. Los artículos 39 y 41 dan al Consejo de la Seguridad el derecho de adoptar medidas que no impliquen el uso de la fuerza armada para restablecer la Paz y la seguridad internacional.
Como norma universal, las sanciones deben ir dirigidas, en la mayor medida posible, a individuos o entidades responsables de las políticas o acciones indeseadas, con el fin de reducir los efectos adversos sobre terceros, pero, ¿cómo afecta a un país si esas sanciones son al Estado?
John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de EEUU, informó hace unos días en un evento en Miami, que mientras no haya elecciones libres en Nicaragua, el gobierno va a sentir todo el peso de las sanciones de Estados Unidos; por su parte, el Secretario de Estado Mike Pompeo, anunció que estudian sanciones a varios individuos incluyendo los hijos de Ortega-Murillo.
Sin embargo, éstas sanciones pueden ser además impuestas al Estado, por ejemplo; embargos económicos, lista negra de países peligrosos (lo cual afectaría enormemente al sector turismo), recorte de ayuda económica o ayuda para el desarrollo.
Al igual que EEUU, otros países y organismos internacionales han sancionado al Estado, suspendiendo la cooperación, como es el caso de Naciones Unidas, Luxemburgo, Países Bajos Y la Unión Europea.
Nicaragua ya encabeza la lista de los países más pobre de Latinoamérica, entonces, ¿qué se gana al pedir estas sanciones?
Lo más importante es que el Estado sancionado cumpla con condiciones impuestas; en este caso, los nicaragüenses y la comunidad internacional, ha exigido al gobierno Ortega-Murillo elecciones libres adelantando el calendario electoral, y que se respete la libertad de expresión de la población.
Se espera que la pareja presidencial considere el daño que ha hecho al país, ponga fecha a su salida y se restablezca la paz.