Aaron Rios Sarmiento
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Es ya de conocimiento público a nivel internacional la manera como se está manejando la justicia en el Perú, sobretodo aquella que es aplicada a los adversarios políticos. Cabe resaltar que, no necesariamente son los adversarios políticos del gobierno de turno, sino que, son los adversarios de un grupo político a quienes identificamos como ‘caviares’ y que suelen estar cerca del gobierno de turno, casualmente el de ahora.
Tendríamos que remontarnos a bastante tiempo atrás y comentar acerca de la historia y su devenir para poder entender como se ha desarrollado nuestra actual coyuntura. Pero valgan algunos datos que servirán para comprender al menos un poco de esto. Si bien a quienes se idéntica como ‘caviares’ son de tendencia progresista de izquierda, moderada desde su zona de confort, suele ser un grupo de gente que puede o no pertenecer a algún partido político o agrupación política pero que trata en lo posible de estar cerca de los círculos de poder para tratar de influir en ellos, con el objetivo contrario a lo que se llame “desarrollo” del país. Arropados bajo una capota de supuesta “integridad” suelen enarbolar la bandera de los “oprimidos” y supuestos relegados como su bolsón electoral de siempre. Y han solido ser enfrentados por los apristas (militantes del APRA) y por los fujimoristas (sea cual sea la tendencia, suele estar relacionada con su afinidad al gobierno del ex Presidente Alberto Fujimori o a la continuidad que ha encarnado su hija Keiko Fujimori).
Sobre la división o superposición de poderes
Víctor Raúl Haya de la Torre en su discurso final como Presidente de la Asamblea Constituyente de 1979 que daría a luz a la Constitución del ’79, mencionó que el Parlamento era “el primer poder del Estado” y claro, las declaraciones y discursos obedecen a un interés político o al reflejo de potenciar cierto rasgo político de algo, en este caso, el Parlamento (en aquel momento todavía bicameral) estaba compuesto mayoritariamente por apristas. En aquel momento dichas palabras no generaron tal impacto en las opiniones divergentes y contrarias puesto que era un enunciado político que era el fiel reflejo de la realidad existente, sobretodo en un país que, aunque digan que somos de régimen mixto, somos en realidad un país eminentemente presidencialista, y que conserva la tradicional división de poderes más aun después desde la llamada “recuperación de la democracia” desde el año 2000.
Habiendo pasado entonces casi cuatro décadas desde aquella declaración del líder histórico del APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana o PAP) mientras nos hemos hallado desde el inicio de este nuevo gobierno que en primera instancia fue llevado a cabo por Pedro Pablo Kuczynski, este sufrió los embates de un Congreso compuesto por una mayoría fujimorista aplastante que generó tanta presión a todo nivel logrando que el propio Presidente renunciara a su investidura ante la inminente publicación en medios de comunicación sobre sus conversaciones con otras personas tratando temas relativos a negocios de corrupción. Desde el inicio podremos apreciar que el Parlamento trató de imponer la agenda pública y generó fricciones con el oficialismo, lo cual no llevó a buenos términos por obvias razones. Pues una cosa es tratar de imponer una “agenda pública” que al fin y al cabo se termina negociando y otra muy distinta es imponer la voluntad política de alguna facción.
Pero desde hace unos meses el oficialismo, ya en esta segunda etapa encarnada en quien fuera el primer Vicepresidente de la República, se está llevando a cabo acciones que pretenden generar una imposición de voluntad, pidiendo por ejemplo que el Fiscal de la Nación renuncie a su cargo por diversos motivos, y también tratando ahora de manejar el aparato congresal de una manera autoritaria, apoyándose en los medios de comunicación como elemento coercitivo y chantajista. Pedirle a tal o cual poder estatal que haga su labor o que siga la línea política del gobierno de turno es en sí una intromisión en los asuntos internos de cada poder y hasta puede llegar al caso de la usurpación de poderes. Es en si una superposición de poderes, que no respeta la división clásica más que para estar de adorno (o quizás de uso) dentro de un toilet.
Utilitarismo político de la justicia y persecución política
Debido justamente a la superposición de poderes que se ha generado desde el Poder Ejecutivo en su lucha frontal contra la mayoría de la oposición congresal, se ha empezado a querer manejar la Fiscalía o Ministerio Publico y cuanto más el Poder Judicial al antojo. Y ya tenemos a los primeros caídos.
Bajo el paraguas de la investigación sobre el Caso Odebrecht se ha podido tejer ciertas estrategias para tratar de neutralizar y callar a los principales líderes de la oposición, y son dos aquellos: Keiko Fujimori y el ex presidente Alan García. Si bien, Keiko Fujimori no ha sido funcionaria pública, se la acusa de recibir aportaciones falsas a sus campañas políticas y a su entorno se le acusa de enriquecimiento ilícito, y aún contra todo análisis jurídico y argumentativo, se le ha impuesto una prisión preventiva de 36 (treinta y seis) meses pues habría el “peligro” de fuga del país. Esta prisión preventiva le impediría totalmente poder participar como candidata en los comicios generales para el año 2021. En pocas palabras, con aberraciones jurídicas, la anularon. Fue el primer strike. Y el siguiente es el ex jefe de Estado, Alan García, que si bien sí estuvo muy cercano con los empresarios brasileros, ha sabido aprovechar el timing político para poder instalarse como “asilado” en la representación diplomática del Uruguay antes de que la justicia peruana reaccione.
No niego que ambas personas deban estar encarceladas, si en caso se les comprueba algún tipo de vinculación con las gestiones de corrupción de los megaproyectos de Odebrecht, pero…y ¿Qué hay de la ex Alcaldesa de Lima, Villarán? ¿Qué hay de la ex pareja presidencial Humala-Heredia? ¿Qué hay de ellos que han participado tan activamente con Odebrecht y en mayor magnitud? ¿Porque a ellos no se les investiga o juzga por adelantado? La respuesta es clara, con los amigos todo, y con los enemigos la ley. El accionar de la justicia peruana como poder del Estado esta direccionado a perseguir y anular a los adversarios políticos del gobierno y del entorno de los mismos, pero no a los allegados que, si bien puedan estar en mayor o igual condición de inmersión en corrupción, son pues “los amigos” de la gestión actual y por ende intocables. ¿Y ahora que más viene?… mientras tanto la justicia peruana está soltando poco a poco a personas que hacen apología al terrorismo….sí, leyó bien! Pero esto ya lo veremos la próxima semana.