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La región latinoamericana está transitando por un trecho altamente convulsionado. Diversos sectores enfrentados buscando sus propios intereses genera un desorden social de amplias proporciones.
Venezuela es el caso más notorio en esta convulsión social. Un gobierno autoritario que persigue a sus disidentes y desconoce los otros órganos de Estado no afines a su ideología. Tras 20 años de régimen chavista, el gobierno que recién ha jurado el presidente Maduro terminará hasta el 2025.
Nicaragua es otro país en el que la situación empeora día con día. Con el régimen impuesto por los Ortega-Murillo por más de 10 años (desde 2007), cuyo gobierno autoritario se extiende hasta el 2022.
Aunque estos son los países más representativos de la convulsión social de la región, no significa que los demás países estén viviendo una estabilidad soñada. Por ejemplo, Guatemala continua con la eterna lucha anticorrupción y la negativa del gobierno de Jimmy Morales de dar paso a un gobierno aliado de la transparencia y el Estado de Derecho. Honduras y la inestabilidad política que genera el enfrentamiento ideológico de sus gobernantes. La región centroamericana en general está sufriendo uno de sus problemas más difíciles, con la crisis humanitaria causada por las caravanas de migrantes con destino a Estados Unidos.
En este contexto, en el que los ciudadanos son los más afectados por las decisiones tomadas por las élites políticas, ha surgido un aliado de la democracia y del Estado de Derecho, y principalmente de los derechos de los ciudadanos: la División Bolívar para los Derechos Humanos y el Progreso.
La división surgió de la iniciativa de un grupo de miembros de la Red de Jóvenes Políticos de las Américas, entre ellos Leonardo Calderón Ureña, quien funge como presidente del Consejo. El objetivo principal de la División es denunciar las acciones contrarias a los derechos fundamentales de las personas y denunciar actos de los gobiernos que afecten el desarrollo y calidad de vida de la sociedad civil. Con esto la División espera que la sociedad civil de la región se informe y empodere, y de esta forma se pronuncie de la misma manera en rechazo a acciones autoritarias de los gobiernos.
Por otra parte, la División busca apoyar gestiones de organismos internacionales e iniciativas de la sociedad civil en materia de defensa de derechos humanos y transparencia gubernamental. Finalmente, la búsqueda de la paz y valores éticos entre los pueblos es el plato fuerte de este proyecto que esta dando pasos importantes en la inclusión de la juventud en la vorágine política de la región.
El trabajo de la División ha comenzado ya. Ha aglutinado representantes de al menos 16 países de la región que están trabajando constantemente en pronunciarse ante abusos de poder de los Estados.
Hoy más que nunca se necesita que los jóvenes trabajemos juntos, derribando los muros ideológicos que impiden articular acciones conjuntas en beneficio de todos. Esta División busca ser este espacio común de jóvenes políticos de la región, que servirá como megáfono de la defensa del Estado de Derecho y de los derechos humanos de la sociedad civil latinoamericana.