Aaron Rios Sarmiento
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Hay una infinidad de retos en el Perú así como también en la región latinoamericana. Retos de todo corte, retos políticos, retos en materia económica, en la arena internacional, y un largo etcétera de retos que no alcanzan los dedos de las manos para contarlos, pero en medio de ello se hace necesario hacer una corta lista de los urgente y lo importante, sin dejar de lado ni lo uno ni lo otro.
Veremos pues que los retos que sigue manteniendo el Perú -y en caso sirva para la región también- son principalmente estructurales. Ojo, no los confundamos con los retos coyunturales, que si bien pueden asemejarse en forma, no lo son en el fondo. Los retos estructurales son más de corte sistémico cuyo resultado (hasta la fecha) es producto de manejos que han hecho daño al diseño institucional, en caso no haya sido así desde su origen, o producto del desgaste y del devenir histórico en cuyo diseño original solo se comprendían ciertos fenómenos y el contexto era otro totalmente distinto. A diferencia de los retos coyunturales, que son más bien de naturaleza cortoplacista y que son producto de la pugna de poder entre los diferentes actores políticos y demás integrantes del sistema. Si bien para fines didácticos es necesario hacer la diferencia, no así en la realidad, pues los problemas estructurales suelen afectar la coyuntura sino producirla y viceversa, la coyuntura puede llegar a afectar lo estructural y sistémico. Un fenómeno completo y complejo, en el cual nuestra región y el Perú no son la excepción a la regla.
Seguridad Nacional y seguridad ciudadana, un reto inacabable
Es un hecho que el crimen organizado y el narcotráfico no conocen ya de fronteras y que el terrorismo en varias zonas de nuestro hemisferio es un constante riesgo, sino una amenaza, que hace que la lucha contra estos males sociales sea en varios frentes y de maneras muy distintas.
Estas amenazas transnacionales se han convertido en el dolor de cabeza de cuanto gobierno asuma cada nación. Pero lo peor no es en si la amenaza tal cual, lo peor es cuando desde la cúpula gubernamental o desde el circulo tecnócrata no se sabe (o no se quiere) tomar decisión y llevar a cabo acción alguna que signifique una verdadera lucha contra alguno de estos males. En el caso del narcoterrorismo tenemos en el Perú las organizaciones de los hermanos Quispe Palomino en el VRAEM (Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro) que a través de su denominado Partido Comunista Militarizado llevan acciones en contra de la población del lugar y de zonas aledañas, y sobre todo en acciones contra las fuerzas del orden y los cuerpos conjuntos de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Llevamos ya incontables muertes de efectivos del orden que, debido también a la poca preparación (pues deben salir muchas veces desde la escuela de oficiales directo a la zona de emergencia del VRAEM) y entre otros factores también debido a la desidia de los actores políticos y los decisores gubernamentales que no les proveen de los implementos y herramientas más adecuados para dicha lucha frontal, entonces se ven afectados, emboscados y finalmente hallan la muerte. No es pues entonces que las acciones de los terroristas en dicha zona sean altamente efectivas, sino que más bien son las ganas de no tomar en cuenta a nuestras fuerzas lo que hace que sean vulnerables. Se les pide resultados, pero no se les da insumos. Y esto viene de una larga lucha entre el poder civil y el poder militar, que desde siempre se les recorta el presupuesto, se les desampara con leyes y se les sanciona y persigue como a criminales, mientras tanto, se les sigue exigiendo resultados. Estos actores en el VRAEM llevan a cabo la parte militar del asunto, pero paralelamente hay también una lucha más peligrosa, la lucha política, y esta se da tranquilamente frente a los medios de comunicación y opinión pública. Existe el MOVADEF que es un grupo político, que ha pretendido incursionar en la política por vía electoral, jugando con aquellas reglas que juró destruir, queriendo llegar a un gobierno y a un Estado que juró también destruir. Este MOVADEF, acompañado también de la CNDDHH (Comisión Nacional de Derechos Humanos) lleva a cabo una apología sostenida y constante al terrorismo. Quieren apropiarse de las palabras y cambiar el discurso, y pues toda persona que les haga el juego, es entonces también parte del juego. Estos grupos no les quieren llamar terroristas, sino “guerrilleros o luchadores sociales”, no reconocen un periodo de masacre terrorista, sino más bien de “lucha armada” o “guerra civil” o “guerra interna”. Y mientras el MOVADEF dice abiertamente estar a favor del ‘pensamiento Gonzalo’ (conjunto de ideas de Abimael Guzmán autodenominado ‘presidente Gonzalo’ dentro de lo que fue-o sigue siendo- el grupo terrorista Sendero Luminoso y que al total ideario terrorista se le denominaba como ‘marxismo leninismo maoísmo pensamiento Gonzalo) y de llamar a Guzmán como “preso político” y no como criminal terrorista, lleva a cabo también su lucha hasta la aulas universitarias, las cuales llenas de jóvenes sin memoria o que nacieron después de que se hubiera acabado la lucha militar contra el terrorismo, se les copa de ideas trasnochadas y sin sentido, se les ideologiza, entonces, sumándolo al individualismo y a otras corrientes sin mucho fondo, genera esto pues un coctel toxico y muy inestable, dispuesta a estallar en cualquier momento. Mientras por otro lado el CNDDHH defiende legalmente a personas sentenciadas por terrorismo o con procesos abiertos por las mismas causas, y sí!, ha logrado sacar de la cárcel a varios terroristas, con cobertura de medios y prensa, con movilización incluida. Y si a ello le sumamos un Poder Judicial que en diciembre del año 2018 (si, hace poco nomas) como regalo de navidad limpió de toda culpa a un grupo de personas procesadas por terrorismo aduciendo “falta de pruebas” cuando existían todas las pruebas para una sentencia, pues entonces vemos que no solo existen los criminales sino además los cómplices, pagados y autorizados por el propio Estado. Y por el Putumayo entrando los remanentes de las FARC, porque eso del tan mentado proceso de paz no es sino una obra teatral medianamente montada, y entonces tenemos que, como suele ser por costumbre, todo proceso de pacificación con grupos terroristas, porque eso son también las FARC, no provoca su desactivación sino su desplazamiento y reubicación, nada más.
Sumémosle a ello el alto nivel del crimen organizado en el Perú, el narcotráfico, cuyo brazo armado son los terroristas del VRAEM y cuyos comercializadores en las zonas urbanas son los “sindicatos de construcción civil” que no son albañiles ni constructores, no! Son más bien ex reos a los cuales se les dio una ‘alternativa’ de reinserción a la sociedad y a la vida productiva y que ya sabemos cómo la emplearon, como elemento de extorsión y vía libre para el crimen, para los asesinatos a pedido y para la micro comercialización de drogas. Y de hecho también hay los jueces y fiscales que están coludidos con dichos grupos criminales. Pero el crimen va mas allá, pues también están los grupos organizados para los secuestros, también asesinatos a pedido, y los “marcas” que son los que esperan a las personas que han hecho retiros de dinero sustanciosos de alguna entidad bancaria y lo persiguen hasta arrebatarle el dinero, sino la vida en medio de ello. El cómo se enteren de cuánto dinero del portador, solo el banco lo sabe. Y también nuevamente el Poder Judicial que libera y libera a tanto criminal por la llamada “falta de pruebas”.
El reto constante de la institucionalidad política
Si bien son constantes los enfrentamientos entre los diversos poderes del Estado y bueno, parte del juego político también, cuando estos llegan al extremo ya se juega la institucionalidad propia y por ende hay riesgo de colapso del sistema.
Desde el inicio del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski hubo enfrentamientos directos y fuertes entre el Poder Ejecutivo, que él representaba y el Poder Legislativo, que estaba en manos del fujimorismo. A tanto llegaron los enfrentamientos que, el Legislativo aparte de ejecutar censuras de gabinetes ministeriales también llevó a cabo la “vacancia presidencial” (casi a modo express) despidiendo al Presidente de la Republica en el lapso de tan solo meses y ‘ayudando’ al Vicepresidente a tomar el mando.
Y en el lapso de meses también se ha llevado a cabo una vendetta por parte del Ejecutivo hacia el Legislativo, teniendo como principal arma al Poder Judicial, llevando a la cárcel a la principal lideresa de la oposición y cabeza de la fuerza política que había copado el Congreso, Keiko Fujimori, y persiguiendo al otro líder de la oposición, Alan García, hasta entonces cabeza del partido político más organizado del Perú, el APRA. De hecho los implicados son más, puesto que hago referencia al llamativo caso de corrupción generalizada, el caso Odebrecht, el cual es el gran pretexto, pero para estos efectos solo es necesario sacar a relucir los datos que sean relevantes de los enemigos que haya que eliminar. Otro aliado en este proceso ha sido también el Ministerio Publico – Fiscalía de la Nación, que a través del Grupo Especial de Fiscales para el Caso Odebrecht se ha llevado a cabo la persecución político-judicial de los antes mencionados líderes políticos, incluyendo en este proceso al grupo no gubernamental IDL que ha jugado un papel importante en lo mediático (y también en lo político) para generar presión y movilización y algunos actores más. En medio de todo este embrollo hubo un enfrentamiento entre la cabeza del Ejecutivo y la cabeza de la Fiscalía, y más allá de los ataques y las denuncias de todo lado, se había propuesto desde el Ejecutivo una velada intervención (yo le llamaría intromisión y hasta usurpación) hacia la Fiscalía de la Nación, empezado primero por un desacato de los fiscales encargados de un caso contra un fiscal supremo (yo le llamaría insubordinación) y luego pidiendo remoción de dicha cabeza. Un juego que parece solo de autoridades y actores políticos, un juego que parece una constante venganza y hasta teatralización que busca al final anular todo acto pero que socava los cimientos de las instituciones que velan por la democracia y los procesos justos en nuestro país. Malo que bueno, con fallas de origen y todo, pues no hay institución perfecta pero si perfectible, los enfrentamientos políticos, más allá de ser coyunturales, son el perfecto ejemplo de cómo estos pueden devenir en un daño estructural para el sistema, daños que muchas veces son irreparables y cuyo precio es realmente elevado. Jugadas que a veces salen caras y que toca pagar al que nada hizo.
La reconstrucción del norte y la prevención de desastres, un reto cuya solución ni ha empezado
Años se venía hablando mediante diversos medios de comunicación y algunos especialistas comentando acerca de la poca capacidad del Estado para poder enfrentar situaciones de desastres naturales. Los únicos formados y capacitados para ello eran y son las Fuerzas Armadas. Pero desde el lado civil, no había ni hay sistema alguno que ayude a responder de manera eficiente y ordenada todo lo que trae consigo un desastre. Ya teníamos una experiencia previa con el terremoto en el departamento de Ica en el año 2007, al sur de la capital nacional, y cuya reconstrucción nunca llegó. Hasta hoy podemos ver a los damnificados y al resto de personas que tuvieron que hacer frente al olvido por parte del Estado y ponerse ellos mismos a reconstruir su ciudad y sus vidas.
Y llego el año 2017, y aunque los especialistas habían previsto ya la llegada inminente del Fenómeno del Niño Costero, pues ni caso hicieron, y se tuvo que actuar sobre la marcha, y encima con mala actuación. Inundación y aludes, desborde de los ríos, muertes por epidemia, escasez de medicamentos y alimentos, proliferación de insectos y bacterias, pérdidas millonarias en cada sector, multiplicación del sufrimiento, etc. Y el Gobierno solo atinó a actuar cuando se venía el peligro de desborde del río que está detrás del Palacio de Gobierno, cuando antes ya había desborde de los ríos en el norte del país, estragos regionales y huaycos en la zona alto central de la capital y nada se había hecho.
Las ayudas nunca llegaron, y las acciones del Estado eran cada vez más erráticas, solo las Fuerzas Armadas y Policía Nacional sabían que hace y como responder, excepto por el enemigo de tener escaso presupuesto y pues, sabemos que aunque se libere mayor dinero de las arcas estatales para las fuerzas, los implementos e insumos no se consiguen como ir a un mercado obteniendo las cosas con dinero contante y sonante, las adquisiciones tienen un proceso y toma tiempo considerable. Se hizo lo que se pudo con lo que había, al final no había otra manera que responder sobre lo que venía. Luego vino la etapa de la “reconstrucción”. Un proceso que no tuvo ni siquiera inicio, pues se entregó la potestad de reconstruir a cada cartera ministerial y se creó una Autoridad Nacional pero que dicha ‘autoridad’ no tenía ‘autoridad’ para ejecutar, solo para vigilar. Al final el proceso nació viciado y por ende las instituciones también. La reconstrucción llego por parte de los propios pobladores y ciudadanos del norte del país, con cero ayudas del gobierno y con la permanente amenaza de que vuelva a ocurrir un desastre que sea cada vez peor. Y los sistemas de prevención no muchos de ellos funcionan en la realidad, solo en el papel. No hay interoperabilidad estatal ni cooperación interagencial al respecto. Es un problema y una amenaza que merece una atención sistémica, pero que solo se pretende cubrir la punta del iceberg, pues las políticas de largo aliento son altamente costosas pues no reditúan políticamente. Es cuando se hace necesario el surgir del estadismo y los verdaderos intereses nacionales.
Aporte significativo, es difícil poder resumir en tan poco espacio todo el espectro actual, tan rico en complejidades , bien hecho, me gusta y esperamos continúe el esfuerzo. Gracias.